La Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco, de Macas, se encuentra cumpliendo una sentencia en el caso de vulneración de derechos de un niño de cinco años con autismo
La negativa de cupo y matrícula a un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en una institución educativa del cantón Morona derivó en una acción constitucional que destapó una grave vulneración de derechos fundamentales, según determinó un juez.
El caso corresponde al niño Benjamín Ignacio Pozo Chica, de cinco años de edad, cuyo padre denunció que la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco le negó el acceso al sistema educativo nacional pese a haber cumplido con el proceso de admisión y a existir cupos disponibles.
La exclusión se habría producido debido a la condición de discapacidad del menor, configurando un acto de discriminación.
Pese a existir cupos disponibles, el niño fue rechazado
De acuerdo con el expediente judicial de la Acción de Protección N.° 14255-2025-00969, el proceso de inscripción inició en abril de 2025 y fue aceptado inicialmente por la institución.
Sin embargo, tras entrevistas y evaluaciones, el niño no fue incluido en la nómina oficial de estudiantes admitidos, pese a que posteriormente se constató el ingreso de otros menores incluso meses después, lo que fortaleció la denuncia de trato desigual.
Ante la falta de respuestas formales y el silencio administrativo de la institución, la familia acudió a la Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón Morona y al Distrito de Educación 14D01, instancias que ordenaron la matriculación inmediata del niño. No obstante, dichas disposiciones fueron inicialmente incumplidas, prolongando por más de siete meses la exclusión del menor del sistema educativo.
La acción de protección fue aceptada, tras comprobarse el delito
El juez constitucional concluyó que se vulneraron derechos consagrados en la Constitución de la República, entre ellos el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la educación en su dimensión de acceso, la atención prioritaria y el interés superior del niño, considerando además la situación de doble vulnerabilidad del menor por su edad y discapacidad.
Durante la audiencia pública, la defensa de la Unidad Educativa Don Bosco se allanó a la acción de protección, reconociendo los hechos y aceptando la existencia de una vulneración de derechos.
Como resultado del proceso judicial, el niño fue finalmente matriculado y se dispuso la implementación de un plan de inclusión educativa, así como medidas de reparación.
Entre las medidas, la institución debe pedir disculpas públicas, mediante un comunicado que deberá estar expuesto durante un año completo en su portal oficial.
El caso pone en evidencia las barreras que aún enfrentan niños y niñas con discapacidad para acceder a una educación inclusiva, y reabre el debate sobre la responsabilidad de las instituciones educativas —públicas, privadas y fiscomisionales— de garantizar entornos libres de discriminación, conforme lo establece la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Ecuador.
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