La mañana de este 28 de enero de 2026, Fiscalía General del Estado realizó un allanamiento en la casa de Luisa González en el marco del «caso Caja Chica».
La Fiscalía General del Estado ejecutó la mañana del 28 de enero de 2026 un operativo judicial en varios inmuebles, entre ellos la vivienda de Luisa González, excandidata presidencial por el movimiento Revolución Ciudadana, como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos vinculada al financiamiento de la campaña electoral de 2023.
La causa, denominada “caso Caja Chica”, indaga un posible ingreso de dinero ilícito desde Venezuela que habría sido utilizado para apoyar actividades políticas durante el proceso electoral, según informó el Ministerio Público a través de sus redes oficiales.
En conjunto con la Policía Nacional, la Fiscalía realizó cuatro allanamientos, tres de ellos en la provincia de Pichincha y uno en Guayas, con el objetivo de recabar indicios, documentos y dispositivos electrónicos que permitan esclarecer el origen y destino de los fondos bajo investigación.
Hasta el momento, no se han reportado detenciones vinculadas a este operativo. Las diligencias forman parte de la fase de investigación previa en la que se recopilan evidencias para determinar posibles responsabilidades penales.
Investigados y contexto político
Aunque la Fiscalía no ha divulgado oficialmente la lista completa de personas vinculadas, el expresidente Rafael Correa aseguró en redes sociales que ocho personas figuran entre los investigados en este caso, incluyendo a Luisa González, Andrés Arauz —su binomio presidencial en 2023—, el asambleísta Patricio Chávez, la exsuperintendenta de Compañías Suad Manssur, los exministros de Finanzas Fausto Herrera y Patricio Rivera, y la abogada Bibian Hernández.
Correa calificó la acción como resultado de una “denuncia con reserva de identidad” presentada en noviembre de 2025, de la cual, según él, no tenían conocimiento previo.
Marco legal
La Fiscalía investiga los hechos bajo el supuesto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de hasta 30 años de cárcel para los autores y hasta 22 años para los colaboradores.
Este operativo se da en un contexto previo al proceso de Elecciones Seccionales 2027. En estos meses los partidos políticos deberán escoger a sus perfiles que participaran el el balotaje donde se escogerán prefectos, alcaldes y concejales.
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