Proyectos de ley plantea sustituir la licencia ambiental para autorización de proyectos mineros, Noboa envía a la Asamblea una ley urgente para acelerar trámites en minería y energía.

El presidente Daniel Noboa puso sobre la mesa de la Asamblea Nacional, este 28 de enero, un nuevo proyecto económico urgente que apunta directo a dos sectores clave para la economía del país: minería y energía.

El eje de la propuesta está en una reforma a la Ley de Minería, vigente desde 2009. El cambio más sensible plantea reemplazar la actual “licencia ambiental” por una “autorización ambiental”, un trámite que seguiría en manos del Ministerio de Ambiente pero que, según el Gobierno, se ajustaría al tipo de actividad y a la fase del proyecto minero.

La justificación del Ejecutivo se centra en la necesidad de acelerar procesos que, a su criterio, hoy frenan inversiones. El proyecto sostiene que los requisitos ambientales actuales para etapas como la exploración son “desproporcionados”, generan demoras, duplican trámites y elevan costos en un momento en que el Estado enfrenta restricciones presupuestarias.

Desde el Gobierno se insiste en que el cambio no significaría una rebaja en los estándares de protección ambiental, sino una forma de adaptar los controles al nivel real de riesgo de cada proyecto.

Pero esta no fue la única iniciativa que llegó al Legislativo. El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, ingresó también un segundo proyecto económico urgente, enfocado en reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, con el que se busca mejorar la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Ambos son los primeros proyectos urgentes enviados en 2026. Herrería explicó que, aunque la Constitución establece que solo puede tramitarse un proyecto económico urgente a la vez, el estado de excepción vigente permite al Ejecutivo remitir dos iniciativas de este tipo de manera simultánea. Según aseguró, las propuestas cumplen con el requisito de unidad de materia, por lo que deberían avanzar sin trabas formales en la Asamblea.

Ahora el reloj legislativo empieza a correr: la Asamblea tiene 30 días para debatir y resolver sobre estos proyectos.

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