El Frente de Pacientes Renales del Ecuador denuncia que la prestadora DaVita podría iniciar la transferencia progresiva de pacientes derivados del MSP si no se concreta un acuerdo de pago antes del 30 de septiembre.
Alrededor de 3.850 pacientes con insuficiencia renal crónica derivados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) se encuentran en riesgo de ver interrumpidos sus tratamientos debido a la falta de pagos por parte del Estado ecuatoriano a los prestadores de salud externos.
Así lo alertó el Frente de Pacientes Renales del Ecuador a través de un pronunciamiento urgente emitido este 16 de septiembre.
La alarma surgió tras la notificación de la representante de DaVita Ecuador, Ana Cecilia Andino Ruiz (mediante oficio CIUDADANO-CIU-2026-58630-1 fechado el 14 de septiembre), en la que se advierte que, si el Gobierno no formaliza un acuerdo de pago antes del próximo 30 de septiembre, la entidad prestadora —que atiende a cerca de 7.300 personas en 28 centros del país— podría iniciar la derivación progresiva de unos 3.850 pacientes hacia la red pública.
Advertencia de colapso en la red pública
Desde la organización advierten que esta medida representa una amenaza directa a la vida de miles de usuarios.
«La diálisis no es un servicio que pueda suspenderse, diferirse o postergarse. Para un paciente renal, perder sesiones significa exponerse a complicaciones graves y, en muchos casos, a la muerte», señalaron.
Asimismo, remarcaron que el sistema de hospitales públicos no cuenta con la infraestructura ni los insumos para absorber dicha demanda, mientras que las demás clínicas privadas operativas tampoco disponen de la capacidad logística para recibir ese volumen sin colapsar.
Emplazamiento a autoridades de Gobierno
Ante esta coyuntura, el Frente exigió un pronunciamiento y acciones inmediatas por parte de las máximas autoridades del Ejecutivo, entre ellas:
- Daniel Noboa Azin, presidente de la República.
- Juan Carlos Aveiga Parra, ministro de Salud Pública.
- Sariha Belén Moya Angulo, ministra de Desarrollo Económico y Productivo.
- Wendy Brasilia Gavica Vásquez, viceministra de Gobernanza de la Salud.
- Patricia Natali Idrobo Oleas, viceministra de Economía.
El colectivo cuestionó que se asignen recursos a contratos y proyectos tecnológicos millonarios (como el sistema informático Dedalus) mientras se compromete la atención básica de salud.
Añadieron que, en los últimos tres años de crisis del sector, más de 4.000 pacientes renales han fallecido y demandaron formar parte activa de las mesas técnicas y de negociación para garantizar una salida definitiva antes de la fecha límite señalada.
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