Organizaciones alertan sobre reforma que permitiría destruir información reservada tras auditorías de la Contraloría

Varias organizaciones alertan sobre la reforma que permitiría destruir información reservada tras auditorías de la Contraloría.

Organizaciones alertan sobre reforma que permitiría destruir información reservada tras auditorías de la Contraloría
Organizaciones alertan sobre reforma que permitiría destruir información reservada tras auditorías de la Contraloría. https://casaindependienteamazonica.com

Una reforma aprobada por la Asamblea Nacional ha generado cuestionamientos de organizaciones vinculadas a la transparencia y al acceso a la información pública. La modificación a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado faculta a la institución a eliminar información clasificada como reservada o confidencial hasta 30 días después de concluir procesos de auditoría o investigación.

La disposición fue incorporada dentro de una ley que originalmente estaba enfocada en sancionar el uso indebido de uniformes y distintivos institucionales.

El texto aprobado establece la denominada “eliminación controlada de información clasificada”, permitiendo la destrucción o el borrado seguro de documentos físicos y digitales.

Frente a esta decisión, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y Transparencia Internacional Ecuador expresaron su preocupación mediante un pronunciamiento público.

Las organizaciones sostienen que la medida podría afectar el derecho de acceso a la información pública, limitar el control social y contravenir estándares internacionales relacionados con la preservación documental y la rendición de cuentas.

Por esta razón, solicitaron al presidente de la República que analice la posibilidad de vetar la reforma antes de su entrada en vigencia.

La preocupación se centra en el manejo de información que actualmente es declarada reservada por distintas entidades del Estado.

Según datos de la Defensoría del Pueblo correspondientes a 2024, la Función Ejecutiva clasificó como reservados 1.417 documentos, equivalentes al 82 % del total de información restringida durante ese año.

Las organizaciones advierten que, de aplicarse la nueva disposición, documentos que actualmente podrían desclasificarse después de varios años podrían desaparecer de manera definitiva una vez concluidos los procesos de control, reduciendo las posibilidades de revisión pública futura.


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